Los vendedores en línea de los Emiratos Árabes Unidos serán considerados responsables de los bienes y servicios vendidos por medio de terceros en sus plataformas electrónicas, en virtud de una modificación de la normativa de protección al consumidor del país aprobada por el Consejo de Ministros.
La Resolución del Consejo de Ministros n.º 166 de 2026 amplió el ámbito de aplicación tras la modificación del Decreto-Ley Federal n.º 14 de 2023.
El artículo 40 revisado establece que la normativa se aplica a los bienes y servicios comercializados a través de plataformas en línea y que su aplicación no se limita a los canales de venta tradicionales.
También señala que el proveedor será responsable de los bienes o servicios ofrecidos o vendidos por un tercero a través de su plataforma electrónica o de cualquier otro medio de tecnología moderna. Ello se entiende sin perjuicio de las reglas generales de responsabilidad previstas en la legislación vigente.
La modificación cita entre sus fundamentos jurídicos el Decreto-Ley Federal n.º 14 de 2023 sobre el comercio a través de la tecnología moderna, junto con las leyes de competencia y de lucha contra el fraude comercial.
Los EAU han establecido un marco integral de protección al consumidor para salvaguardar los derechos de los compradores y garantizar prácticas comerciales justas en todo el país.
La Ley Federal n.º 15 de 2020 de Protección al Consumidor, modificada por el Decreto-Ley Federal n.º 5 de 2023, obliga a las empresas a ofrecer bienes y servicios de calidad, exhibir precios exactos, facilitar información correcta sobre los productos y proteger los datos personales de los consumidores. La legislación también protege a los consumidores frente a la publicidad engañosa, los productos defectuosos y las prácticas comerciales desleales, y les otorga el derecho a reclamar una indemnización por los daños causados por bienes defectuosos o servicios inadecuados. La ley se aplica en todo el territorio de los EAU, incluidas las zonas francas y las empresas de comercio electrónico registradas en el país, y corresponde al Ministerio de Economía y a los departamentos económicos locales recibir las reclamaciones y hacer cumplir los derechos de los consumidores.
Conforme al artículo 41 revisado de la Resolución del Consejo de Ministros n.º 166 de 2026, el Consejo de Ministros emitirá una decisión, a propuesta del ministro de Economía y Turismo y en coordinación con las autoridades competentes, en la que se especificarán las infracciones y las sanciones administrativas, incluidas las multas, por el incumplimiento de la ley y de sus reglamentos.
Hasta entonces, el cuadro vigente de infracciones y multas seguirá en vigor, siempre que no contradiga la nueva resolución. Estas sanciones no afectan a ninguna otra prevista en legislaciones distintas.
La resolución también da nueva redacción al artículo 9, que permite al ministro, en coordinación con la autoridad competente, adoptar medidas temporales durante una crisis o circunstancias extraordinarias que provoquen aumentos o fluctuaciones inusuales de los precios. Entre ellas figuran la fijación de precios para los bienes o servicios afectados, la prohibición de exportar bienes, la asignación de cuotas de venta, el fomento de la fabricación o de la importación desde fuentes alternativas, la designación de entidades concretas para realizar las importaciones y cualquier otra medida que determine el ministro. Queda prohibido vender por encima de los precios fijados en virtud de estas facultades, y todo exceso se considera un importe adicional injustificado impuesto a los consumidores.
El ministerio o la autoridad competente podrá estimar el exceso a partir de los registros comerciales, las facturas, los datos contables u otros medios adecuados. Los consumidores conservan el derecho a reclamar el reembolso o a solicitar una indemnización.
Entre los factores para valorar si una subida de precios es anormal figuran la tasa de inflación, los precios anteriores, los niveles de precios en los EAU y en los países vecinos, el porcentaje de aumento, los tipos de cambio, las reclamaciones de los consumidores, los costes de transporte y de seguro, los precios de la energía y el grado de competencia o de monopolio.
(Fuente: Khaleej Times)
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